Universidad gratuita o no, Chile ante el gran debate

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Universidad gratuita o no, Chile ante el gran debate. Universidades que enfrentan restricciones financieras relacionadas con la política de matrícula gratuita para estudiantes de bajos ingresos piden nueva ley.

Universidad gratuita Chile

Las universidades exigen cambio para la política de matrícula gratuita. La fuga financiera causada por la implementación de la matrícula gratuita ha sido clara desde su inicio en 2016. El asunto se ha vuelto crítico y ampliamente debatido en Chile por tres razones principales.

En primer lugar, a partir del próximo año, las universidades no recibirán la mitad de la cuota de matrícula para los estudiantes que no terminaron sus carreras a tiempo.

En segundo lugar, en 2019, los estudiantes del sexto grupo de ingresos más pobres estarán exentos de pagar la matrícula; inicialmente solo beneficiaba a los estudiantes de las familias más vulnerables al 50%.

En tercer lugar, de acuerdo con la ley, las tarifas de matrícula para los estudiantes que no califican para la matrícula gratuita están siendo establecidas por el gobierno, lo que significa que las universidades que carecen de recursos no pueden aumentar sus tarifas a voluntad.

Rectores universitarios

Según el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH), que representa a 27 universidades públicas y privadas, los ingresos de sus miembros se reducirán en  65 mil millones de dólares en los próximos 12 meses.

Pero hay algunas buenas noticias. Por primera vez en seis años, el número de personas registradas para rendir el examen nacional de selección de universidades (PSU) disminuyó. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, dijo que la caída podría deberse a la baja tasa de deserción universitaria registrada desde que comenzó la política de matrícula gratuita.

Anticipándose a las restricciones financieras, algunas universidades aumentaron el número de estudiantes después de que la matrícula gratuita entró en funcionamiento en 2016. Por ejemplo, la facultad de Derecho de la Universidad de Chile aumentó el número de estudiantes en un tercio.

Para empeorar las cosas, el presupuesto nacional del gobierno de 2019 de US $ 73 mil millones es un aumento de solo 3.2% con respecto al presupuesto de 2018, el aumento más bajo desde 2012. También será la primera vez desde esa fecha que el gasto público crezca menos que el Producto Bruto Nacional.

La propuesta presupuestaria de 2019 del gobierno para educación, por un valor de US $ 191 millones, representa un aumento del 6,2% respecto de 2018, según el ministro de Finanzas, Felipe Larraín. Y el mayor incremento es para otorgar matrícula gratuita a las familias más vulnerables al 60%.

El proyecto de presupuesto nacional 2019, ahora en el parlamento, etiquetado como “tacaño” por la oposición y “prudente” por los partidos gubernamentales, no aliviará el déficit que enfrentan las universidades, por lo que los recortes financieros son inevitables.

La universidad privada Diego Portales anunció el 17 de noviembre que ajustaría su presupuesto para 2019. Se despidió a tres profesores de derecho que “tuvieron un rendimiento de investigación relativamente bajo”, entre ellos la profesora Leonor Etcheberry, abogada de la Corte Suprema. Su despido provocó críticas dentro y fuera de la universidad, particularmente de colegas abogados y sus asociaciones.

En protesta por los despidos, los estudiantes de derecho de UDP dejaron de asistir a las clases y luego se hicieron cargo de su campus. Exigían que se reincorporara a los tres profesores y que se despidiera a Marcelo Montero, decano de la facultad. Tras ocho días de movilización llegaron a un acuerdo con la universidad.

Etcheberry fue invitada a regresar bajo sus anteriores condiciones de empleo, pero ella todaví no ha respondido.

En la Universidad Autónoma, una universidad privada, su rector, Teodoro Ribera, dijo que “la reestructuración del personal académico no estaba prevista en la actualidad, pero tendrían que aumentar su contribución a la enseñanza, la extensión y la investigación”. La Universidad Alberto Hurtado, otra universidad privada dirigida por los jesuitas, ha recortado el gasto en unidades de servicio.

Propuestas para cambiar la ley

El CRUCH envió una carta a la comisión de presupuesto del parlamento, donde se discutía el presupuesto nacional para 2019, y a Juan Eduardo Vargas, jefe de educación superior en el Ministerio de Educación. Solicitaron al gobierno que modifique el fondo de crédito especial de las universidades estatales para estudiantes de bajos ingresos para permitir que las universidades capitalicen los pagos en lugar de usarlos para otorgar más préstamos, como lo exige la ley.

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