Aborto en México, pese a fallo judicial es de difícil acceso

Aborto en México, pese a fallo judicial es de difícil acceso. Seis meses después que Corte Suprema de Justicia de México dictaminara que penalizar el aborto es inconstitucional, el acceso no es tan simple.

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Un hospital en México, en el sureño estado de Guerrero, se negó a practicarle un aborto a una víctima de violación de 9 años.

El caso es un ejemplo reciente de lo que advirtieron los defensores del aborto tras el fallo de la máxima corte el año pasado: hasta que cada estado reforme su código penal seguirá habiendo obstáculos para el aborto seguro y legal en gran parte del país.

Fue solo después de que el caso de la niña de Guerrero atrajo la atención de los medios y los legisladores y activistas intervinieron que la secretaria de salud de Guerrero allanó el camino para su aborto el mes pasado.

Guerrero es uno de los 26 estados de México donde aún no se han realizado cambios en los códigos legales estatales luego del fallo de la Corte Suprema en septiembre. En enero, tres legisladores estatales presentaron un proyecto de ley para hacer precisamente eso.

El caso de la niña convulsionó a Guerrero en febrero. La niña de una remota comunidad montañesa fue violada por un familiar, que también es menor de edad.

Sus abuelos y una tía fueron a la fiscalía estatal y luego a un hospital en Chilpancingo, la capital del estado. Los médicos allí se negaron, señalando que tenía más de 12 semanas de embarazo y que podría poner en riesgo su salud, una afirmación que los defensores cuestionaron.

La negativa se convirtió en una polémica en el estado.

Iglesia

La Iglesia Católica Romana, que sigue siendo influyente en Guerrero, expresó objeciones a que la niña abortara.

El reverendo Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, dijo que no se debió permitir, porque se debe respetar la vida. Dijo que el secretario de salud del estado “cometió un asesinato”.

Rangel Mendoza señaló “circunstancias socioculturales” que conducen al abuso sexual dentro de las familias. “Van contra una criatura inocente, ¿y por qué no contra la persona que la embarazó? ¿Dónde está esa persona? Va a seguir embarazando a las niñas”.

Las autoridades abrieron una investigación, pero los defensores involucrados en el caso dijeron que el otro menor no estaba bajo custodia.

Guerrero ocupa un lugar destacado en México en casos de abuso sexual, feminicidios y embarazo adolescente. Dos veces se han declarado alertas de violencia de género en el estado, lo que activa un mecanismo para proteger los derechos humanos de las mujeres. Pero en las comunidades montañosas remotas, hay poca presencia del gobierno.

Violencia

“Hay mucha resistencia en las instituciones que tienen la obligación de atender la violencia familiar y sexual contra la mujer”, dijo Marina Reyna Aguilar, directora ejecutiva de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia la Mujer.

Los defensores dicen que han documentado al menos ocho casos de niñas y mujeres, incluida una con discapacidad, a quienes se les negaron abortos en el estado en los últimos meses después de haber sido violadas.

Neil Arias Vitinio, asesor legal del no gubernamental Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que el tema es complicado en Guerrero debido a la apatía institucional, la impunidad generalizada y la ausencia de legislación. Ella dijo que el caso de la niña era un ejemplo de esas fuerzas en juego.

Las autoridades solo se dieron cuenta porque el caso ganó fuerza en la prensa, dijo. La mayoría de las veces los casos nunca reciben una atención generalizada y los derechos de las víctimas son pisoteados porque ocurren en comunidades remotas y pobres donde “nadie los escucha”.

Estado

Beatriz Mojica, diputada estatal que se involucró en el caso de la niña, dijo que “es un problema grave”. Dijo que era urgente despenalizar el aborto en los códigos estatales porque actualmente hay víctimas de violación encarceladas, acusadas de interrumpir sus embarazos.

Uno de esos casos fue el de una mujer de 23 años del corregimiento de Arcelia. Fue violada, pero lleva seis meses en la cárcel, acusada de asesinato tras sufrir un aborto espontáneo.

“Nosotros como sociedad no debemos permitir que nuestras niñas estén en esta situación vulnerable”, dijo Mojica. “Hemos hecho y seguimos haciendo llamados a los legisladores para que hagamos lo que se supone que debemos hacer, nuestra responsabilidad es garantizar la no criminalización de nuestras niñas, adolescentes y mujeres”.