Arquidiócesis de Santiago ante sacerdote sentenciado por abuso sexual. El padre Tito Rigoberto Rivera Muñoz fue declarado culpable. Opina la iglesia.
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La víctima de Rivera Muñoz afirma que le dijo al arzobispo de Santiago sobre el ataque, pero el prelado le dio dinero y le pidió que no lo denunciara.
La declaración del 5 de marzo de la Comisión de la Verdad y la Paz de la Arquidiócesis de Santiago sigue la aparición de la víctima, Daniel Rojas Alvarez, en la televisión estatal.
Rivera agredió sexualmente a Rojas, quien tenía unos 40 años, en una sala de la Catedral Metropolitana de Santiago en 2015.
Rojas afirma que le contó al cardenal Ricardo Ezzati Andrello sobre el ataque, quien le pidió que orara por el abusador, le dio 30.000 pesos y le pidió que no compartiera lo sucedido.
Durante los procedimientos iniciados por el sistema de justicia chileno, otra víctima presentó fotografías y videos que confirmaron el abuso de Rivera con otros jóvenes.
La Arquidiócesis de Santiago declaró que recibió una denuncia de posible abuso de menores por parte de Rivera en agosto de 2011, pero que durante las investigaciones sobre el caso «no fue posible ponerse en contacto con el demandante».
La Oficina Pastoral de Quejas luego recibió una queja contra Rivera de un adulto en marzo de 2015, que permitió el inicio de una investigación preliminar y la implementación de la medida preventiva de remover al sacerdote de todas las responsabilidades pastorales.
La investigación preliminar «se amplió con nueva información que se proporcionó a la Policía de Investigación de Chile, que incluyó el posible robo de objetos religiosos».
En agosto de 2015, el cardenal Ezzati envió la información sobre el caso a la nunciatura apostólica.
La Congregación para la Doctrina de la Fe, a solicitud de la archidiócesis de Santiago, “dio nuevas instrucciones para continuar la investigación preliminar y comenzar un proceso penal administrativo” en septiembre de 2016.
La investigación preliminar se cerró en noviembre de 2016, lo que llevó al proceso penal administrativo que concluyó con el Decreto de Condena del 16 de agosto de 2018.
El sacerdote fue declarado «culpable de crímenes contra el Sexto Mandamiento del Decálogo que continuó con el tiempo y con escándalo, con adultos, como se especifica en el Código de la Ley Canónica 1395§1 del Código Canónico», dijo la archidiócesis.
Rivera fue suspendido del ministerio público por diez años, «solo pudiendo celebrar la Eucaristía en privado y en compañía de una persona mayor de 50 años».
También se le prohibió «reunirse o mantenerse en contacto con los jóvenes» y se le exigió que no se mudara a ningún lado.
Una vez que se completan los diez años, si el sacerdote no cumple con las medidas, se arriesga a «ser suspendido por un período de tiempo mayor». La Arquidiócesis también señaló que estas cuatro sanciones eran «entre otras».
Concluyó diciendo que «además de la sentencia canónica que se implementó en septiembre de 2018, se inició una revisión exhaustiva para aclarar toda la información que se dio a conocer públicamente».
El obispo Luis Fernando Ramos Pérez, obispo auxiliar de Santiago y secretario general de la conferencia de obispos chilenos, ha calificado el abuso de Rivera de «repugnante, inaceptable y terrible».
