Chile, al filo de la navaja según vocero del Partido Comunista. En vísperas de histórica votación que definirá el futuro de Chile, Hugo Guzmán, vocero del Partido Comunista, comparte observaciones.
Chile vocero Partido Comunista
Por Hugo Guzmán
Nadie se atreve a decir con certeza cuál será el resultado del plebiscito del 4 de septiembre para aprobar o rechazar la nueva constitución de Chile.
A pesar de que en la consulta del año pasado el 79 por ciento de los chilenos votó a favor de un nuevo texto constitucional que dejaría atrás la matriz institucional impuesta por la dictadura de Pinochet, un resultado similar el 4 de septiembre es bastante incierto.
La mayoría de las encuestas, a cargo de empresas privadas, tienen el rechazo como ganador de votos. Al mismo tiempo, ha habido un masivo y extenso despliegue social, pocas veces visto en este país, a favor de la aprobación de la nueva constitución.
Sin embargo, los analistas coinciden en que la votación será reñida.
Chile se enfrenta a la paradoja de haber vivido una intensa revuelta social y un plebiscito que derivó en la instalación de la comisión constitucional que redactó un nuevo texto constitucional, para ahora encontrarse en una situación de incertidumbre sobre la aprobación definitiva de un nueva carta fundamental.
La votación del 4 de septiembre será obligatoria para más de 14 millones de votantes. En los últimos años, solo entre cinco y siete millones de personas participaron en las elecciones, pero esta duplicación del número de votantes ha introducido ahora un elemento de especulación sobre cómo votará este gran segmento de la población que no ha votado durante años.
Desinformación
Hay una variedad de factores que podrían influir en el estado de ánimo y la disposición de amplios sectores de la población a rechazar el nuevo texto constitucional, comenzando por las noticias falsas, la desinformación y las distorsiones generalizadas que son parte del terrorismo de los medios privados.
Afirman que bajo el nuevo derecho consuetudinario se expropiarán casas, se podrán abortar a los nueve meses, se cambiará la bandera nacional chilena, se fragmentará el territorio nacional dando derechos a los pueblos indígenas, se quitará el dinero de las pensiones y habrá no habrá libertad de elección en la educación.
El tema recurrente es que el país transitará por el camino de las constituciones venezolana, cubana y boliviana.
La convención constitucional elegida democráticamente ha sido acusada reiteradamente de falta de experiencia, bajos estándares legales y profesionales y desorden organizacional.
Su composición, en la que los representantes de los partidos políticos eran minoritarios y la representación mayoritaria procedía del movimiento social y de las regiones así como de los pueblos indígenas, ha sido calificada de viciada y que no garantizaba un resultado justo.
Hay que reconocer que durante el proceso de redacción de la nueva constitución hubo una inadecuada información sobre su contenido, poca comunicación con la población, y la obra no fue bien difundida, lo cual es crucial si se tiene en cuenta que en Chile más de El 80 por ciento de los medios pertenecen a corporaciones nacionales y transnacionales, todas las cuales se oponen programáticamente a la nueva constitución.
Actualidad económica
Un aumento significativo simultáneo de la inflación y con ello un mayor costo de vida; La violencia y la inestabilidad en la región de la Araucanía —centro neurálgico de la protesta mapuche—, el aumento de la criminalidad y el narcotráfico han tenido su impacto, al igual que los sentimientos anti-migrantes.
Los socialdemócratas, los liberales, los demócratas cristianos y la antigua coalición Concertación han expresado su oposición al nuevo texto; este grupo se definió a sí mismo como el “centro-izquierda por el Rechazo” realmente ha tomado posiciones de derecha, llamando al nuevo texto de diversas formas. como «maximalista», «izquierdista» y «partidista».
Se oponen a la abolición del Senado, critican el alcance de los derechos de los pueblos indígenas, cuestionan cambios en el poder judicial, afirman que no habrá forma de financiar los derechos sociales que se otorgarán y postulan que debe haber otro proceso en el que el parlamento o una “comisión de expertos” podría desempeñar un papel.
Al mismo tiempo existe una fuerte convicción de que finalmente la nueva constitución propuesta da respuestas a las demandas ciudadanas de 2019 y concreta las demandas del plebiscito de 2021 de tener una nueva carta fundamental.
Esta carta ahora garantiza los derechos sociales y civiles; modifica el modelo de desarrollo privatizador y concentrador por uno sostenible y equitativo; protege la naturaleza y los recursos naturales estratégicos (agua, cobre y litio, entre otros); otorga derechos a los pueblos indígenas; apoya los derechos de las mujeres, niños y adolescentes; pretende aumentar las prerrogativas de las regiones en un camino de descentralización; y garantiza la soberanía nacional.
Legislativo
La gobernanza se ve alterada por la abolición del Senado, reemplazado por una cámara de regiones, lo que abre una participación para un sistema más democrático.
Además, las dos agrupaciones políticas que aglutinan a los partidos a favor de la nueva constitución emitieron hace unos días un comunicado en el que enumeran puntos constitucionales que podrían cambiarse o modificarse en caso de que gane “Aprobar”.
La campaña está llegando a millones de hogares y personas para persuadir y explicar. Se están realizando mítines en cientos de miles de espacios públicos, para demostrar cómo la nueva Carta Magna garantiza derechos y soluciones al pueblo, a las familias chilenas, sobre todo en línea con las exigencias de la revuelta de 2019.
El gobierno, por ley, es independiente, sólo puede realizar la campaña de difusión del nuevo texto constitucional y convocar a la ciudadanía a votar a través de su campaña informativa Chile Vota Informado.
Naturalmente, la derecha y los partidarios del rechazo acusaron a Gabriel Boric ya varios ministros de “intervencionismo electoral” por su disposición a informar y promover el voto. Tales insinuaciones risibles fueron desestimadas por la Contraloría General de la República autónoma.
Campaña Apruebo
Sin embargo, el gobierno ha sido proactivo en aumentar el salario mínimo, entregando un bono de invierno que benefició a 7,5 millones de personas, abriendo diálogo y apoyo social en la región indígena de La Araucanía, mejorando la gestión policial en la lucha contra el crimen, reduciendo la jornada laboral a 40 horas diarias. semana, preparando una reforma del sector salud y reduciendo el déficit habitacional.
Se está reformando el sistema tributario, se encuentra en el parlamento un proyecto de reforma de pensiones y se está reformando la policía federal de Carabineros (acusada de graves violaciones a los derechos humanos).
La campaña es promovida por una treintena de partidos políticos progresistas, socialdemócratas, de izquierda y liberales, y por lo menos 300 organizaciones sindicales, feministas, estudiantiles, indígenas, de población y profesionales, entre otras.
Los mundos de los derechos humanos, la cultura, la academia y la intelectualidad están con Approve. También lo son, quizás sorprendentemente, grupos de pequeños y medianos empresarios, medios alternativos y comunitarios y asociaciones profesionales como las de periodistas y docentes.
La fuerza de la campaña del Rechazo está en los partidos de derecha y extrema derecha, en la jerarquía de la iglesia católica, en la llamada “familia militar”, en sectores liberales socialdemócratas, en los grupos financieros dueños de las AFP y de las Isapres —consorcios que controlan los servicios privados de pensiones y salud, respectivamente— y la mayoría de los medios de comunicación y asociaciones empresariales.
La base electoral de estas agrupaciones conservadoras se concentra en áreas urbanas de la capital y áreas rurales y entre aquellos que tradicionalmente votan por agendas de derecha, siendo “la ley y el orden” un favorito.
Cualquiera que sea el caso individual, el 4 de septiembre Chile se enfrenta a una decisión estratégica y trascendental que determinará su futuro.
Quizás el tema principal en juego aquí es si los chilenos continuarán viviendo en medio de una estructura política represiva y un modelo económico explotador instalado por una dictadura despiadada hace unas cuatro décadas, o si optarán por comenzar un capítulo nuevo e igualitario en la historia de Chile.
Hugo Guzmán es editor en jefe de El Siglo, periódico del Partido Comunista de Chile.
