Chile, fin a debate minero de Artículo 27 en Asamblea Constituyente

Chile, fin a debate minero de Artículo 27 en Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente de Chile rechaza gran reforma en la minería, sin conseguir alterar el polémico artículo 27.

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Asamblea Constituyente de Chile rechazó el sábado una importante reforma a los derechos mineros, incluida la ampliación de la propiedad estatal chilena.

El controvertido Artículo 27, que habría otorgado al estado derechos de minería exclusivos sobre litio, metales raros e hidrocarburos y una participación mayoritaria en minas de cobre, enfrentó una feroz oposición del sector minero y fue rechazado la semana pasada.

La comisión ambiental sometió a votación múltiples variaciones del artículo el sábado, pero todas no lograron la mayoría calificada de 103 votos necesaria para aprobar el proyecto de constitución.

El artículo 25, que establece que los mineros deben destinar «recursos para reparar los daños» al medio ambiente y los efectos nocivos donde se lleva a cabo la minería, obtuvo una gran mayoría y estará en el proyecto de la nueva constitución.

La asamblea también aprobó prohibir la minería en glaciares, áreas protegidas y aquellas esenciales para proteger el sistema hídrico. También se aprobaron artículos que garantizan a los campesinos e indígenas el derecho a las semillas tradicionales, el derecho a la energía segura y accesible y la protección de los océanos y la atmósfera.

La votación para aprobar artículos concluye después de las votaciones del sábado, y el lunes asumen nuevas comisiones encargadas de afinar el texto. El borrador final debe presentarse a principios de julio y los ciudadanos votarán para aprobarlo o rechazarlo el 4 de septiembre.

Ambientalistas

La comisión ambiental, dominada por autoproclamados eco-constituyentes, vio solo una de 40 de sus propuestas aprobadas durante sus primeras votaciones en la asamblea general.

Desde entonces, la comisión ha moderado sus propuestas, pero sus artículos, que incluyen la expansión de las tierras protegidas, la restricción de los derechos de agua privados y hacer de la lucha contra el cambio climático una obligación estatal, se incluyeron en el nuevo borrador.

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