Chile, más cerca de la nacionalización del cobre y el litio. Asamblea Constituyente de Chile aprobó una propuesta inicial para la nacionalización del cobre y el litio, claves en la economía.
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La moción de la comisión ambiental, que se reunió el fin de semana por primera vez desde su creación cuando se avecinaba un plazo para cerrar propuestas, recibió 13 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.
La propuesta, que apunta principalmente a la minería a gran escala de cobre, litio y oro, aún debe ser aprobada por dos tercios de la asamblea plenaria para formar parte de la nueva carta orgánica de Chile, que se someterá a referéndum nacional más adelante este año.
La moción, considerada por los analistas como un ataque directo a los intereses privados dado que el Estado chileno ya posee los derechos mineros subyacentes, otorga al gobierno un año para nacionalizar las empresas.
Estas empresas, que trabajan con minerales metálicos y no metálicos, así como con hidrocarburos, probablemente no recibirían una indemnización por perder sus derechos mineros. La contraloría determinaría esto con base en el valor contable de las empresas, pagado durante un máximo de 30 años, establece la propuesta.
El texto también establece que las operaciones y proyectos iniciados antes de 1993 deberán someterse a evaluación ambiental en un plazo de tres años. Se revocarían las concesiones en áreas excluidas, como las cercanas a glaciares y en tierras indígenas.
Comité ambiental
El comité ambiental, repleto de jóvenes activistas, votó un primer borrador de esta moción a principios de febrero, lo que provocó una reacción inmediata, incluso de las propias autoridades chilenas.
Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, que representa a las empresas del sector, calificó la idea de “bárbara” y “con claros y evidentes errores jurídicos” .
El veterano minero de centroizquierda ha dicho que la medida apunta tanto a las empresas como a los recursos, lo que tendría un gran impacto económico y legal en Chile.
“Dada la globalización del mundo, esperaría que las empresas afectadas recurrieran a tratados para defender sus intereses legítimos”, expresó Hernández.
El político socialista Sergio Bitar, quien fue ministro de Minas bajo el gobierno depuesto del izquierdista Salvador Allende en 1973, se ha referido a la iniciativa como “un delirante regreso al pasado”.
Chile aprobó una ley en 1967 que exige que las empresas sean al menos 51% propiedad de nacionales. Cuatro años más tarde, el Estado compró el 49% restante de las acciones y las empresas fueron nacionalizadas por completo.