Chile, por qué plantean guerra con The Economist. Melanie Cruz advierte que el reciente ataque de The Economist al nuevo proyecto de constitución de Chile no es una sorpresa.
Chile guerra The Economist
Por Melanie Cruz
The Economist ha publicado un líder que alienta a los chilenos a «rechazar el nuevo proyecto de constitución». En el artículo, el medio británico llama al borrador un «desorden confuso», «lleno de lenguaje confuso» y «absurdamente largo». Al calificar el borrador como demasiado progresista, la pieza aludía a temas comunes de guerra cultural.
Parece que la incapacidad de The Economist para hacer frente a la palabra «género», que aparece treinta y seis veces en el borrador, los llevó a malinterpretar la esencia del documento. Tergiversan el proceso, el contenido y, francamente, el propósito de una constitución, que es distinta de la legislación que —luego— decidirá el poder legislativo en el Congreso. Pero empecemos desde el principio.
El proyecto de constitución de Chile es el producto de dos años de proceso democrático, la primera vez en la historia de Chile que una constitución ha sido redactada por su pueblo en lugar de una élite política, económica o militar. En medio de la revuelta social de 2019, los partidos políticos se unieron en el ‘acuerdo del 15 de noviembre’ o ‘Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución’, que decidió desencadenar el proceso de redacción de una nueva constitución.
El acuerdo estableció que el proceso debe tomar la forma de una Convención Constituyente aprobada democráticamente vía referéndum, indicando que la Convención debe tener paridad de género, escaños reservados para grupos indígenas e incluir listas independientes (candidatos de partidos políticos externos). El acuerdo del 15 de noviembre estableció que, en caso de aprobarse democráticamente la redacción de la nueva Constitución, el proyecto también deberá ser acordado mediante referéndum, que está previsto que se realice el 4 de septiembre de este año.
Tumulto político
El acuerdo se convirtió en ley en diciembre de 2019, lo que permitió que el sistema legislativo iniciara el proceso que hemos visto hasta ahora. Si bien el tumulto político fue alto en 2019, el acuerdo convocó a una de las demandas sociales de la revuelta: romper con el pasado dictatorial anidado en la constitución de los años 80.
En octubre de 2020, el 79 por ciento de los votantes decidió aprobar la redacción de una nueva constitución a través de una Convención Constitucional, con una participación del 51 por ciento. Esto desencadenó las campañas electorales para los miembros de la Convención que también fueron elegidos democráticamente en mayo de 2021.
El resultado resultó en una composición mayoritariamente progresiva de miembros con diversos antecedentes. Desde el centro izquierda tradicional, como el Partido Socialista, hasta movimientos sociales independientes, un total de 155 miembros (78 hombres y 79 mujeres, incluidos 17 miembros de grupos indígenas) fueron elegidos para la Convención.
Convención variopinta
Se comprometieron a escribir el nuevo borrador, y también a retirarse de cualquier cargo de elección pública durante los dos años posteriores a la finalización del proceso. La composición demográfica de la Convención fue un reflejo directo de la del país, demostrando nuevamente la naturaleza democrática del proceso que incluyó a un grupo diverso de chilenos que rara vez participó en la configuración de su propio país. Feministas de diferente formación política, por ejemplo, se convirtieron en mayoría en la Convención, mostrando el vínculo directo entre el auge del movimiento feminista en 2018 y las transformaciones políticas que han tenido lugar recientemente en el país.
El proceso que se ha llevado a cabo ha estado definido por decisiones democráticas y colectivas que dan transparencia y legitimidad al proyecto de constitución. Aunque la convención estuvo compuesta principalmente por partidos y alianzas políticas progresistas, así como por organizaciones de izquierda y movimientos sociales, esto no ocurrió por casualidad ni imposición, como parece insinuar The Economist. Más bien, los miembros electos hicieron campaña con la misma capacidad que los candidatos de derecha y de centro que, aunque en minoría, todavía están representados en la Convención.
La incapacidad de los tradicionales grupos y partidos políticos neoliberales y conservadores para persuadir al electorado no es culpa de los progresistas, sino más bien una consecuencia de décadas de ineficiencia política y desapego de la realidad que enfrenta la mayoría de los chilenos. Su compromiso político de cambiar el país a través de ‘reformas’ no ha coincidido con las intenciones de la mayoría de la gente de ‘refundar Chile’, un sentimiento que surgió claramente de la revuelta social en 2019.
(*) Melanie Cruz es profesora de política internacional en la Universidad de Leicester.