Chile, qué puede aprender de Sudáfrica en derechos sociales

Chile, qué puede aprender de Sudáfrica en derechos sociales. La Convención Constitucional de Chile debería fortalecer la relación entre los derechos sociales y el derecho a la igualdad.

Chile derechos sociales

La decisión del pueblo de Chile de embarcarse en el proceso de redacción de una nueva constitución para reemplazar su constitución dictatorial de 1980 coincide con crisis globales, como la creciente desigualdad económica, la crisis climática y la pandemia de Covid-19.

El nuevo momento constitucional de Chile brinda una oportunidad histórica para incorporar los derechos sociales en una nueva constitución y para volver a imaginar cómo estos derechos podrían funcionar como aliados confiables en las luchas por construir una sociedad más justa y ecológicamente sustentable.

Chile puede aprender de la experiencia sudafricana de incluir derechos sociales justiciables en su Constitución posterior al apartheid.

Hay una serie de similitudes en la historia y el contexto de ambos procesos constitucionales, lo que la convierte en una comparación interesante. Primero, incorporando disposiciones específicas en la Constitución que facultan al estado para corregir la desigualdad económica. Segundo, un enfoque institucional sistémico para apoyar la implementación, monitoreo y aplicación de los derechos sociales.

Desigualdad

La Constitución de Sudáfrica de 1996 es famosa por el reconocimiento de una serie de derechos sociales y ambientales justiciables y su Tribunal Constitucional ha desarrollado un enfoque doctrinal general para interpretarlos.

Si bien ha habido una serie de éxitos celebrados en los litigios de derechos sociales, también ha habido retrocesos , como la negativa de la Corte Constitucional a evaluar el programa de agua básica gratuita del gobierno. A pesar de estos reveses, los derechos sociales han abierto una serie de espacios legales y políticos a través de los cuales la gente común y las organizaciones que los apoyan pueden perseguir el cambio social.

Sin embargo, la legislación, las políticas y los litigios basados ​​en los derechos sociales han tenido menos éxito a la hora de abordar las desigualdades económicas profundamente racializadas y de género en Sudáfrica, el país más desigual del mundo en términos de distribución de ingresos.

Investigaciones recientes también revelan el grado de desigualdad de la riqueza (por ejemplo, propiedad de activos, acciones, ahorros para la jubilación) con el 10% superior de la población que posee más del 85% de la riqueza total del país.

Esto se debe al legado del despojo de tierras y propiedades coloniales y del apartheid y a la discriminación racial y de género sistémica. Sin embargo, como reconoció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la desigualdad económica persiste también debido a las políticas económicas adoptadas en la era posterior al apartheid que no han sido suficientemente inclusivas y redistributivas.

Exclusión

A pesar de sus graves consecuencias para el bienestar individual y comunitario, la desigualdad económica rara vez se enmarca como una cuestión de derechos humanos en el contexto sudafricano. Algunas sentencias progresistas tienen derechos de propiedad limitados para proteger el derecho a la vivienda de los grupos desfavorecidos. Pero ha habido un desarrollo insuficiente en áreas del derecho como el derecho contractual y el derecho comercial para contrarrestar la exclusión económica, el lucro excesivo y la explotación de quienes tienen menos poder de negociación.

Aunque no es tan extremo como Sudáfrica, Chile también tiene un problema con altos niveles de desigualdad económica y un sistema legal que ha tendido a respaldar los derechos de propiedad existentes. Por lo tanto, al redactar la nueva Constitución, la Convención Constitucional de Chile debería reflexionar detenidamente sobre cómo fortalecer la relación entre los derechos sociales y el derecho a la igualdad y la no discriminación.

Debe quedar explícito que el estado tiene el deber de acceder sin discriminación a los derechos sociales como la vivienda, la atención médica, la alimentación y el agua, y la educación, en particular para quienes viven en la pobreza o experimentan otras formas de desventaja sistémica.

Si los derechos de propiedad están incluidos en la Constitución, su lenguaje debería alentar y no obstaculizar la adopción de medidas redistributivas por parte del Estado para corregir la desigualdad económica.

Enfoque institucional

Aunque los derechos sociales están incluidos como derechos justiciables en la Carta de Derechos de Sudáfrica, se pensó poco en cómo se podría fortalecer su implementación mediante disposiciones complementarias en otros capítulos de la Constitución, por ejemplo, los que tratan del poder legislativo y ejecutivo, el público administración, diferentes esferas del gobierno y, fundamentalmente, las finanzas.

Un motivo de especial preocupación es la forma en que se toman las decisiones presupuestarias y de política económica en Sudáfrica sin casi ninguna referencia a los derechos sociales y los deberes que imponen.

Este problema llegó a un punto crítico en 2020 durante el apogeo de la pandemia Covid-19 cuando el Ministerio de Finanzas se embarcó en un programa de consolidación fiscal destinado a controlar la deuda nacional. Este programa de austeridad está erosionando los presupuestos de muchos programas sociales y no cumple con los criterios constitucionales e internacionales.

Desafíos

Ha habido algunos desafíos judiciales exitosos para la suspensión de programas gubernamentales como el Programa Nacional de Nutrición Escolar durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, está resultando muy difícil para la sociedad civil y los movimientos sociales influir en la trayectoria general de la política macroeconómica y fiscal. Las oportunidades para una participación pública significativa en la toma de decisiones de política económica son extremadamente limitadas.

Para evitar que se repitan los problemas de Sudáfrica con la aplicación de los derechos sociales, la Constitución chilena debería exigir una evaluación exhaustiva del impacto en los derechos humanos de todas las políticas económicas y decisiones presupuestarias como se recomienda en los Principios Rectores de la ONU.

También debería exigir una participación pública significativa en todas las etapas de la toma de decisiones económicas y presupuestarias en todas las esferas del gobierno.

Por lo tanto, si bien la aplicación judicial de los derechos sociales es muy importante, también se debe prestar atención a cómo todos los procesos de toma de decisiones gubernamentales pueden apoyar la realización de los derechos sociales. También se debe pensar en mecanismos de monitoreo innovadores para complementar la ejecución judicial.

Los chilenos tienen una oportunidad histórica de redactar una nueva generación de constitución que pueda responder a las crisis interrelacionadas de pobreza, desigualdad y degradación ambiental. Se pueden extraer ideas útiles de las experiencias de otros países del Sur Global, como Sudáfrica.

Al mismo tiempo, los chilenos deben ser audaces al reinventar la arquitectura constitucional para una sociedad nueva y más justa. El momento constitucional de Chile es un rayo de esperanza, no solo para el pueblo de Chile, sino para todo el mundo.

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