Colombia, situación delicada para ministro Iván Velásquez. Ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, afronta acciones legales en Guatemala por su rol en la CICIG, de la cual fue comisionado.
Colombia Iván Velásquez ministro
Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, está en la mira del Ministerio Público de Guatemala y podría tener consecuencias legales para el funcionario del presidente Petro.
Operadores de justicia y funcionarios de la ex Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG, estan en la lista de Guatemala con la intención de emprender acciones legales contra el ex comisionado, Iván Velásque.
El gobierno guatemalteco cerró la CICIG en 2019. Entre 2007 y 2019, el organismo independiente apoyó al sistema judicial nacional «en más de 100 casos de alto perfil de presunta corrupción y otros delitos penales» que involucraron a funcionarios gubernamentales, miembros del Congreso y los tribunales, y varias personas del sector privado.
En conferencia de prensa en Nueva York, el vocero del titular de Naciones Unidas, António Guterres, recordó que según el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la Comisión, su personal internacional goza de privilegios e inmunidades, y que su inmunidad se mantienen aunque ya no ocupen sus cargos .
“Por lo tanto, el Secretario General expresa una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se están iniciando procesos penales contra quienes intentaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”, dijo Stephane Dujarric.
Derechos Humanos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su «profunda preocupación» por las «reiteradas y crecientes intimidaciones, hostigamientos y represalias» contra los operadores de justicia involucrados en la lucha contra la impunidad.
Volker Türk dijo que “es dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan por la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos sean perseguidos y juzgados” .
El número de operadores de justicia que enfrentan intimidaciones o denuncias penales por su labor en casos de corrupción o violaciones de derechos humanos, especialmente los ocurridos en el marco del conflicto armado que se desarrolló entre 1960 y 1996, aumentó en más de un 70% entre 2021 y 2022 , documentó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala.
Türk recordó que, tras la disolución de la Comisión, hubo «un aumento constante en el número de casos de acoso y cargos penales contra sus exfuncionarios y fiscales» .
“Estos procesamientos y la falta de garantías procesales socavan el estado de derecho en todo el país”, dijo el jefe de derechos humanos de la ONU.