Conflictos sociales en Perú, debilitan aún más al gobierno. El 60 por ciento de los conflictos sociales en Perú están relacionados con la minería, que representa el 10 por ciento del PIB del país.
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Si bien cada uno de los 118 conflictos sociales catalogados por el gobierno del Perú en los últimos 18 meses tuvo sus propias causas y características, un observador atento puede discernir puntos en común.
Las disputas relacionadas con la extracción de recursos están en el centro de muchos de esos conflictos y la virtual desaparición de organizaciones capaces de actuar como mediadores y conciliadores ha permitido que las disputas menores se conviertan en mayores.
En la región sureña de Apurímac, años de tensión entre los residentes del área y la minera china MMG llegaron a un punto crítico el mes pasado cuando las personas que fueron desplazadas para hacer espacio para la mina Las Bambas, que suministra el 2 por ciento del cobre del mundo, invadieron el sitio incitando a la gerencia a suspender las operaciones.
Los ocupantes acusan a MMG de no cumplir sus promesas de invertir en mejoras.
Minería
“Hay compromisos pendientes en Las Bambas. El tema en discusión en el sector minero es cómo se reparten las ganancias de la minería”, dijo la investigadora María Isabel Remy, directora del Instituto de Estudios Peruanos.
Uno de los nueve conflictos que el gobierno cataloga como “crisis” es el de la región amazónica de Loreto, donde los habitantes están enfrentados con el Ministerio de Energía y Minas por el futuro de un proyecto que, según autoridades peruanas, fue mal manejado por el operador anterior, Pluspetrol.
Las quejas de las poblaciones locales sobre el daño ambiental causado por la minería y otras industrias extractivas son comunes en todo el país.
Sindicatos
Remy sostiene que el declive de los sindicatos y otro tipo de asociaciones que representan a los trabajadores, campesinos y comunidades es otro factor que contribuye al aumento de la conflictividad.
“Las organizaciones de segundo grado que existían en el país prácticamente han desaparecido. Ya estaban en una crisis muy profunda antes de la pandemia (Covid-19), pero la articulación y la coordinación, sobre todo en el ámbito rural, han bajado”, dice.
La ausencia de esas organizaciones no solo dificulta la resolución de conflictos, según Remy, sino que abre la puerta para que forasteros oportunistas exploten situaciones para su propio beneficio.
Presidente
A nivel nacional, Perú se enfrenta a una inestabilidad política aún mayor que la habitual, ya que el presidente de izquierda, Pedro Castillo, sin experiencia previa en cargos públicos, lucha con un Congreso dominado por sus oponentes.
La administración, que asumió en julio pasado, va por su quinto ministro de Energía y Minas.
Y Remy dice que la renuencia ideológica del gobierno a usar la fuerza contra los manifestantes crea vulnerabilidad.
“Políticamente, un gobierno de izquierda o que se diga de izquierda no va a entrar a reprimir a sangre y fuego”, dice el investigador.
La falta de herramientas del gobierno para el manejo de conflictos y medios no letales para preservar el orden crea “una oportunidad para la acción colectiva que no será reprimida fácilmente”, dice Remy.
