Deuda pública de Venezuela, gobierno esconde el monto

Deuda pública de Venezuela, gobierno esconde el monto. El economista de Venezuela, Luis Salas, intenta saber el monto de la deuda pública del país pero la política de Maduro esconde los datos para negar fracaso.

Venezuela deuda pública

Como ocurre con la mayoría de las complejidades de la economía de Venezuela, se desconoce el monto exacto de la deuda pública del país. Esto no es sorprendente, ya que la falta de datos oficiales actualizados también es evidente en una variedad de otros temas delicados, incluido el presupuesto nacional.

La cifra oficial más actualizada disponible es de octubre de 2019, cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la deuda externa total hasta el primer trimestre de ese año. El BCV lo situó en US $ 110,1 mil millones, de los cuales US $ 91,5 mil millones correspondieron al sector público y el resto a deuda del sector privado.

Un par de años antes, en junio de 2017, la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) publicó su último informe en el que afirmaba que la deuda nacional del gobierno – sin incluir [la petrolera estatal] PDVSA – ascendía a 143.400 millones de dólares. De esos US $ 46,4 mil millones correspondieron a deuda externa y US $ 97 mil millones a deuda interna.

En consecuencia, los únicos indicadores oficiales de deuda disponibles para analizar hoy son estas actualizaciones parciales: el BCV referido a la deuda externa de hace dos años y el ONCP de hace cuatro años.

Como era de esperar, en medio de este apagón estadístico oficial, han proliferado indicadores paralelos. Pero hay que recordar que las cifras que ofrecen los analistas y la prensa no son muy precisas, hasta el punto de que difieren entre sí en varios miles de millones de dólares. ¡No hay pequeña disparidad!

Secretos de Estado

A esta falta de precisión hay que sumarle las incertidumbres adicionales que generan los intereses políticos detrás de muchas de estas cifras. Además, ningún detalle menor. Asimismo, se trata de intereses personales: varios de los que revelan cifras públicamente son empleados de los acreedores o de los propios acreedores. En otras palabras, partes interesadas.

Un tema adicional que no es menos importante es que la arquitectura institucional que acompaña al proceso de obtener un préstamo primero y pagarlo después es compleja y dificulta el seguimiento de la gente común. Después de que aparecieran las sanciones en 2015, esta complejidad se duplicó.

Hoy, amparado por la Ley Antibloqueo , el secreto de Estado en materia de dominio público forma parte de la nueva normalidad político-institucional.

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