Dominga en Chile, aprobación ambiental para inversión millonaria

Dominga en Chile, aprobación ambiental para inversión millonaria. Una comisión ambiental en Chile regional aprobó ayer el proyecto de hierro y cobre Dominga, de 2.500 millones de dólares de Andes Iron.

Chile Dominga aprobación

Impugnado proyecto minero en Chile, cercano a reserva natural, recibió ayer la aprobación oficial para su ejecución, a pesar de las protestas de grupos ambientales. Esto da luz verde para la ejecución de Dominga, la mina de cobre y hierro propuesta después de años de disputas en los tribunales del país.

La comisión había rechazado previamente la propuesta, pero en abril, un tribunal ambiental local insufló nueva vida al proyecto, dictaminando que la información proporcionada por la empresa era sólida y exigía que los reguladores volvieran a su análisis.

La comisión regional de Coquimbo votó el miércoles 11-1 a favor del proyecto y dijo que su estudio de impacto ambiental había cumplido con todos los requisitos legales.

El proyecto fue rechazado previamente en 2017 bajo el gobierno de la ex presidenta socialista Michelle Bachelet por razones ambientales. Pero un año después, bajo el nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera, un tribunal ordenó un nuevo estudio de impacto ambiental.

El proyecto, propuesto por la minera chilena Andes Iron, requiere una inversión de 2.500 millones de dólares para la construcción de minas a cielo abierto y un puerto.

Polémica

Los críticos dicen que su proximidad a áreas ambientalmente sensibles causaría daños indebidos. Andes Iron, una empresa chilena de propiedad privada, ha rechazado durante mucho tiempo esa afirmación.

Ambientalistas y activistas comunitarios criticaron la decisión.

“No quieren proteger el medio ambiente ni a las comunidades, solo se preocupan por los intereses económicos”, dijo el legislador izquierdista Gonzalo Winter, en las redes sociales.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, un grupo industrial que representa a las mineras más grandes del país, dijo que el proceso de permisos de ocho años había sido «excesivo», pero elogió el resultado final.

Sin embargo, advirtió que aún más desafíos legales prometidos por algunos críticos podrían ver obstaculizado el progreso del proyecto.

“Seguramente sus oponentes insistirán en seguir tratando de evitar su desarrollo”, dijo Hernández.

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