Irán, Parlamento Europeo condena escalada de ejecuciones

Irán, Parlamento Europeo condena escalada de ejecuciones. El Parlamento Europeo condena la escalada de ejecuciones en Irán y pide sanciones internacionales y la designación del IRGC.

Irán Parlamento Europeo condena

El Comité de Asuntos Exteriores del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) declaró en un artículo que el Parlamento Europeo se reunió en Estrasburgo los días 7 y 8 de febrero y aprobó una resolución conjunta condenando la escalada de ejecuciones en Irán, en particular la ejecución del preso político Mohammad Ghobadlou el 23 de enero.

La resolución, apoyada por varios grupos dentro del Parlamento Europeo, pedía investigaciones internacionales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes y la designación del Estado Islámico. Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC) como organización terrorista.

Destacando la alarmante tasa de ejecuciones, con 800 reportadas en 2023 y 83 solo en enero de 2024, la resolución critica duramente los juicios injustos que llevaron a la condena de personas, incluido Ghobadlou.

Además, el Parlamento Europeo exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los condenados a muerte y presos de conciencia, en particular los ciudadanos europeos Ahmadreza Djalali y Johan Floderus. Pidió una estrategia nueva y audaz por parte de la Unión Europea hacia el régimen iraní, enfatizando medidas para contrarrestar su diplomacia de rehenes.

La resolución instó al Consejo Europeo a impulsar la designación del IRGC como entidad terrorista e imponer más sanciones contra personas y entidades involucradas en graves abusos contra los derechos humanos, incluido el Líder Supremo, el Presidente y el Fiscal General del régimen.

Juicios

Se instó a los Estados miembros a supervisar los juicios de acuerdo con las directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y a organizar visitas a las prisiones que albergan a presos políticos, incluidos ciudadanos de la UE.

Además, se pidió a los Estados miembros que iniciaran investigaciones penales sobre personas responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas aquellas cubiertas por la jurisdicción internacional.

La resolución también apoyó la renovación del mandato del Relator Especial de la ONU sobre Irán y el establecimiento de una misión internacional independiente de investigación en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.