Latinoamérica, por qué el ecocidio es crimen internacional

América Latina ecocidio

Latinoamérica, por qué el ecocidio es crimen internacional. Los Estados de Latinoamérica tienen interés en procesar a responsable de ecocidios, aquellos que destruyen el planeta denunciando “refugios seguros”.

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Por Rodrigo Lledó

Antes de dejar el poder en 1990, el general y dictador chileno Augusto Pinochet creó un marco legal que le garantizaba absoluta impunidad. No funcionó. Fue detenido acusado de genocidio y terrorismo en Londres en 1998 por orden de la justicia española y, a su regreso a Chile, finalmente tuvo que enfrentarse a la justicia.

Años más tarde, tuve la oportunidad de liderar un equipo de abogados públicos que juzgaron cerca de 900 casos de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura chilena. Aunque Pinochet ya estaba muerto, sus cómplices debían ser debidamente juzgados. Pero décadas después de su gobierno, los derechos humanos continúan siendo violados de manera rutinaria en América Latina, a menudo por defender el medio ambiente.

Casi el 90% de los asesinatos relacionados con el medio ambiente en el mundo ocurren en la región, según Global Witness, una organización internacional que rastrea los abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente. Una quinta parte de estos incidentes –que son sólo los que se reportan, el número real probablemente sea mucho mayor– ocurren en la Amazonia, que se extiende por partes de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Surinam y Venezuela.

Quienes informan sobre amenazas ambientales en la región también corren un peligro importante. Muchos recordarán el asesinato de Bruno Pereira, el principal experto de Brasil en pueblos indígenas aislados y recientemente contactados, y del periodista británico Dom Phillips. La experimentada pareja murió mientras viajaba en barco por el valle de Javari, cerca de la frontera de Brasil con Perú, una región plagada de minería ilegal, tala, pesca y tráfico de drogas, mientras investigaba el libro de Phillips sobre los esfuerzos de conservación en el Amazonas.

Latinoamérica activistas ambientales

Quienes vivimos bajo una dictadura sabemos que incluso cuando las circunstancias son sombrías, debemos trabajar para recuperar la esperanza y un optimismo cauteloso. Fue con este espíritu que yo y más de 700 jóvenes activistas, defensores ambientales indígenas y representantes de estados partes y organizaciones de la sociedad civil nos reunimos el mes pasado en Santiago, Chile, para la tercera reunión anual de la Conferencia de las Partes (COP3) en la Acuerdo de Escazú.

Hasta ahora, dieciséis países han ratificado el acuerdo, cuyo objetivo es salvaguardar el derecho a un medio ambiente saludable para las generaciones actuales y futuras y es el primero en el mundo que incluye disposiciones explícitas para proteger a los defensores de los derechos humanos en cuestiones ambientales.

Muchos más países ahora deben hacer lo mismo. Amnistía Internacional señala acertadamente que algunos de los Estados que aún no se han adherido –incluidos Brasil, Colombia y Guatemala– son aquellos donde los conflictos armados, las disputas por tierras y las industrias extractivas representan el mayor peligro para los defensores del medio ambiente.

El propósito del Acuerdo de Escazú no es introducir nuevos derechos, sino garantizar la protección de los derechos existentes, en particular el derecho a acceder a la información y a la justicia en asuntos ambientales, así como el derecho a la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales. Su objetivo es simple: establecer sistemas que apoyen todos los esfuerzos para alejarse de la falta de rendición de cuentas que históricamente ha prevalecido en América Latina y el Caribe.

Ecocidio condena

En Santiago se lograron avances. Los participantes de la COP3 acordaron un nuevo Plan de Acción que describe estrategias para que los estados protejan los derechos de los defensores ambientales, así como medidas para prevenir y penalizar cualquier intento de dañarlos. Estos incluyen el establecimiento de asistencia jurídica gratuita para defensores del medio ambiente y capacitación para jueces y fiscales.

Alentar el compromiso de los Estados con el Acuerdo de Escazú significa que ahora debemos considerar seriamente la introducción de tratados comparables en otras regiones ricas en recursos con una historia colonial de intercambio desigual, degradación ambiental generalizada y represión violenta contra quienes abogan por los derechos humanos y la protección de la naturaleza. Entre ellos se incluyen grandes zonas de África y muchas naciones insulares del Pacífico, que también están en el centro de la carrera por los “minerales de transición” necesarios para la energía renovable, como el cobalto y el litio.

El impulso del litio, utilizado en la moderna tecnología de baterías para coches eléctricos y otros sistemas energéticos, ya ha dado lugar a nuevos proyectos de minería a cielo abierto en Zimbabwe, Namibia y la República Democrática del Congo (RDC). La demanda de litio bien podría multiplicarse por diez para 2050 según el plan neto cero de la Agencia Internacional de Energía, una organización intergubernamental autónoma.

Las baterías también están detrás de la tendencia hacia la extracción de níquel, cobalto, manganeso y grafito en los fondos marinos, además de los llamados “elementos de tierras raras”, necesario para una variedad de tecnologías, incluidos los motores de las turbinas eólicas. Un área de particular interés es la zona Clarion-Clipperton en el Océano Pacífico, que alberga contratos de exploración para 17 contratistas de minería de aguas profundas, que cubren un área de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados.

Latinoamérica ambiente saludable

Estas actividades deben llevarse a cabo de una manera que sea segura tanto para el mundo natural como para las poblaciones, a menudo vulnerables, que residen en estas áreas ricas en recursos. Estas comunidades deben poder defender de forma segura su derecho a un medio ambiente saludable, junto con su propio bienestar y sustento, y la mejor manera de lograrlo sería penalizar el ecocidio.

El ecocidio se refiere a las formas más graves de destrucción ambiental, como grandes derrames de petróleo, la tala de bosques primarios o la contaminación de sistemas fluviales enteros. Yo y otros miembros de un panel de expertos independientes convocado por la Fundación Stop Ecocidio elaboramos minuciosamente la siguiente definición en 2021: “Actos ilegales o desenfrenados cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que se produzcan daños graves y generalizados o de largo plazo a la ambiente.»

La legislación para combatir el ecocidio alienta a los tomadores de decisiones empresariales y a los formuladores de políticas al más alto nivel a tomar los marcos regulatorios mucho más en serio. Si no cumplen con sus obligaciones ambientales y corren el riesgo de cometer ecocidio, podrían caer bajo el ámbito del derecho penal, poniendo en riesgo no sólo su reputación y libertad personales, sino también la reputación corporativa y el valor de sus acciones.

El debate sobre la ley de ecocidio cobra cada día más fuerza, lo que resulta particularmente evidente en los conflictos recientes y en curso en los que el daño ambiental se ha empleado deliberadamente como arma. La destrucción de la presa de Kakhovka por parte de Rusia, por ejemplo, fue descrita por altos funcionarios ucranianos, incluido el presidente Zelensky, como un acto de ecocidio.

Uno de los acontecimientos políticos más significativos hasta la fecha llegó a su conclusión legislativa a finales de marzo, cuando el Consejo Europeo adoptó formalmente una Directiva revisada sobre delitos ambientales que incluye una disposición para penalizar los casos “comparables al ecocidio”. La decisión fortalecerá los esfuerzos de protección ambiental de Europa y se ha sentido en todo el mundo.

Una lista cada vez mayor de estados también ha tomado recientemente medidas concretas para criminalizar el ecocidio, incluidos los Países Bajos, Escocia, México, Brasil, el Reino Unido, Italia y España. Chile modificó su código penal en agosto pasado para incluir nuevos delitos económicos y ambientales que incorporan delitos comparables al ecocidio. Sorprendentemente, en marzo de este año, el Parlamento Federal de Bélgica votó a favor de un nuevo código penal que reconocía el delito de ecocidio.

Ecocidio ley

El objetivo final del movimiento por la ley sobre ecocidio es establecer el ecocidio como el quinto crimen contra la paz dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Allí se ubicará junto a los crímenes que la humanidad considera más atroces: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Cuando Pinochet fue arrestado en el Reino Unido en 1998, uno de los aspectos más notables del caso fue que un juez español tenía la autoridad para ordenar su arresto por crímenes cometidos en Chile, afectando principalmente a víctimas chilenas. La autoridad legal sobre un delito suele basarse en un vínculo, a menudo geográfico, entre el Estado que lo acusa y el delito cometido, pero como señaló en su momento un destacado abogado, “en el caso de crímenes contra la humanidad, ese vínculo puede encontrarse en el el simple hecho de que todos somos seres humanos”.

Este es el principio de “jurisdicción universal”: la noción de que cada Estado tiene interés en procesar a los perpetradores de crímenes específicos de importancia internacional, independientemente de dónde tuvieron lugar. La razón fundamental es garantizar que no haya “refugios seguros” para los responsables de los crímenes más graves, una categoría que sin duda debería incluir el ecocidio.

La ley de ecocidio ofrece protección legal y recursos contra los perpetradores de los peores daños ambientales. Esta protección legal mejora la seguridad de los defensores ambientales y fortalece su capacidad de abogar por la justicia ambiental sin temor a represalias.

El Acuerdo de Escazú complementa esta ley proporcionando a los defensores ambientales las herramientas necesarias para abogar por la protección de sus derechos y del medio ambiente. En conjunto, estos mecanismos contribuyen a un marco legal que protege el medio ambiente y a sus defensores, y traza una línea roja moral más allá de la cual las acciones que dañan el planeta se consideran inaceptables, cambiando fundamentalmente la cultura que rodea el daño ambiental.

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