Macron hará anuncios importantes para Francia y su sistema penitenciario. Entre los anuncios más esperados del Jefe de Estado existe un concepto. Más allá de la cárcel o no, las condenas y penas se aplicarán de inmediato y de modo real. Es el principio de «refundación» del sistema prometido en campaña y que el presidente Emmanuel Macron efectivizará.
El objetivo no es solo hacer las condenas más efectivas, sino también combatir la sobrepoblación en las cárceles. Con una tasa de ocupación del 200% en la región de París y del 120% a nivel nacional, Francia es uno de los peores exponentes de Europa. Desde el 1 de enero de este 2018, 68.974 detenidos fueron hacinados en lugares para 59.765 personas.
Retomando uno de los fuertes compromisos de su campaña Emmanuel Macron ya anunció en los últimos meses que desea ejecutar una sentencia de encarcelamiento y desarrollar de manera «masiva» penas «alternativas». La posición es vista como una tercera vía entre lo que declama una izquierda acusada de «laxitud» y otra línea llamada «represiva», a la derecha.
Modelo del norte de Europa
Este martes, frente a la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria (ENAP), Macron y su Ministro de Justicia, Nicole Belloubet, presentarán su visión de una justicia que deja la prisión por otros «castigos». En buena medida el modelo se inspirado de la experiencia de los países del norte de Europa.
Entre los fuertes anuncios que se esperan se descartaría la opción de la prisión para los delitos más leves y se amplía el rango de otras penas (brazalete electrónico y prestación de servicios comunitarios), así como formularios eficientes de libertad condicional.
Estas soluciones ya existen, pero siguen siendo poco utilizadas. En 2016, de los aproximadamente 550.000 delitos castigados, los tribunales declararon el 52% de las sentencias con penas de prisión.
Macron quiere que la corte favorezca penas alternativas y más variadas y que asegure su ejecución inmediata, en lugar de dejar este rol al juez de ejecución.
También quiere reducir las demoras, que pueden llevar meses o incluso años, entre la sentencia y la ejecución. Otra medida que comenzaría a regir sería la liberación automática del condenado apenas cumplidos los dos tercios de la pena.
