Nicaragua, la dictadura recibe sanciones de EE.UU. y la Unión Europea

Nicaragua, la dictadura recibe sanciones de EE.UU. y la Unión Europea. EE. UU. y la Unión Europea imponen sanciones a Nicaragua en el día de la «investidura» de Daniel Ortega, por cuarta vez.

Nicaragua sanciones EE.UU. Unión Europea

Estados Unidos impuso el lunes sanciones a funcionarios nicaragüenses, incluido el ministro de Defensa, en una acción coordinada con la Unión Europea tras unas elecciones que Bruselas y Washington han denunciado como amañadas a favor del presidente Daniel Ortega.

La acción del lunes, las últimas sanciones contra Nicaragua que Washington ha coordinado con aliados, tiene como objetivo aumentar la presión sobre Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y marca el día de la inauguración.

En noviembre, el presidente estadounidense Joe Biden criticó a Ortega y calificó las elecciones presidenciales de Nicaragua como una «pantomima», ya que el ex guerrillero marxista y adversario de Estados Unidos durante la Guerra Fría ganó las elecciones por cuarto mandato consecutivo.

En los meses previos a las elecciones, Occidente y muchas naciones latinoamericanas habían expresado su profunda preocupación por la imparcialidad del voto cuando Ortega detuvo a opositores y líderes empresariales y criminalizó la disidencia.

Elecciones irregulares

A los observadores electorales de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos no se les permitió escudriñar el proceso y a los periodistas se les prohibió la entrada a Nicaragua.

«En concierto con las democracias en la comunidad internacional, Estados Unidos continuará denunciando los continuos abusos del régimen de Ortega-Murillo y desplegará herramientas diplomáticas y económicas para apoyar la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua», dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado separado que impuso sanciones a seis funcionarios nicaragüenses por acusaciones de actos estatales de violencia, desinformación y ataques a medios independientes.

La acción del Tesoro se dirigió al ministro de Defensa, así como a funcionarios del ejército, la empresa que supervisa los servicios postales y de telecomunicaciones y la empresa minera estatal nicaragüense.

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