#PandoraPapers, así la llevan distintos presidentes involucrados. En enero ya estaba claro que 2021 iba a ser un año difícil para algunos presidentes sin escrúpulos, apenas despuntaba investigación de #PandoraPapers.
#PandoraPapers presidentes
Ahora, 35 líderes se encuentran en problemas por supuestamente deslocalizar su patrimonio a través de empresas anónimas. El primer ministro checo, Andrej Babiš, cuyo partido perdió por poco las elecciones parlamentarias de la semana pasada, puede haber sido la primera víctima política de los #PandoraPapers, pero probablemente no la última.
En Chile la investigación ha provocado un terremoto político, un mes antes de las elecciones generales al surgir nuevos detalles sobre los negocios offshore del presidente Sebastián Piñera.
Esta semana, un grupo de parlamentarios inició un proceso de juicio político contra el presidente Piñera por su papel en un controvertido acuerdo minero de 2010. Esto se suma al anuncio de la semana pasada de que la fiscalía investigará al presidente por corrupción y delitos relacionados con impuestos.
Gracias a la investigación de Pandora Papers, ahora sabemos que en diciembre de 2010, nueve meses después de su primer mandato presidencial, la familia de Piñera vendió su participación en el proyecto minero Dominga a un amigo cercano y socio comercial, Alberto Délano. Según los informes, los documentos filtrados muestran que las partes firmaron dos contratos: uno en Chile por 14 millones de dólares y otro en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.
Islas Vírgenes Británicas
Los fiscales ahora dicen que el segundo contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas no se reveló anteriormente cuando el acuerdo de Dominga estaba bajo una investigación judicial en 2017. Quizás como resultado, Piñera fue absuelto.
Además, los documentos filtrados muestran que el monto debía pagarse en tres cuotas y que el tercer pago llegó con una condición alarmante: el gobierno no puede fortalecer las protecciones ambientales en el área de operaciones mineras de Dominga.
La alegación de que el presidente le aseguró a un amigo personal y socio comercial que el área minera propuesta no sería designada como reserva natural, lo que promovería sus propios intereses financieros, apunta a una posible mala conducta y captura regulatoria.
El papel de las empresas anónimas en la corrupción transfronteriza y el blanqueo de capitales está bien establecido. Pero como muestra este caso, las estructuras corporativas secretas también pueden permitir que los intereses privados capturen la toma de decisiones y políticas y causen más daño al medio ambiente.
¿Qué más pruebas necesitamos antes de que sea imposible que los funcionarios públicos y los empresarios se escondan detrás de empresas fantasma anónimas?
