Perú, OEA designa cinco cancilleres latinoamericanos por crisis

Perú, OEA designa cinco cancilleres latinoamericanos por crisis. Consejo Permanente de la OEA anunció delegación que viajará a Perú para revisar situación política, incluyendo a cinco cancilleres de la región.

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El presidente del Consejo Permanente de la OEA, Marten Schalkwijk, ha detallado que el grupo que analizará la situación de crisis política en Perú responde a las consultas realizadas por el organismo a la Presidencia, según detalló en un comunicado.

La delegación estará integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero; el Ministro de Ecuador, Juan Carlos Holguín; el Ministro de Guatemala, Mario Búcaro; el Ministro de Belice, Eamon Courtenay; y el Ministro de Paraguay, Julio César Arriola.

También estarán acompañados por la Viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Gil; el Viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Christian Guillermet y el Representante de Relaciones Exteriores de la OEA, Eladio Loizaga.

No obstante, la OEA ha explicado que las fechas del viaje y la agenda del grupo de alto nivel sobre su visita a Perú se definirán «próximamente», sin entrar en más detalles sobre la visita de esta delegación.

Carta Democrática

El grupo de alto nivel responde a la solicitud a la OEA del presidente de Perú, Pedro Castillo, de activar la Carta Democrática Interamericana para realizar un análisis de la situación democrática del país.

El Ejecutivo peruano ha justificado la solicitud apelando a los artículos 17 y 19 de la Carta Democrática, que permiten a un Estado miembro de la OEA solicitar una revisión formal por parte de la organización en caso de que “el Gobierno de un Estado considere que su proceso institucional político democrático o está en riesgo su ejercicio legítimo del poder».

Esta solicitud de Castillo se produjo apenas una semana después de que la Fiscalía General presentara ante el Congreso una acusación constitucional contra el presidente, acusándolo de presunta corrupción.

Según la Fiscalía, Castillo sería el jefe de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con altos funcionarios, empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y otras empresas en procesos de licitación pública.

Ante estas acusaciones, el presidente peruano ha asegurado que determinadas instituciones del país están realizando una «persecución política» y ha denunciado una «nueva modalidad de golpe de Estado», al tiempo que ha calificado de «inconstitucional» la acusación del Ministerio Público, ya que como presidente de la República del Perú, sólo puede ser juzgado en ciertos supuestos.

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