Perú, presidenta Boluarte investigada por genocidio

Perú, presidenta Boluarte investigada por genocidio. Fiscalía de Perú investigará a la presidenta Dina Boluarte por genocidio, luego de las protestas que dejaron 40 muertos en el último mes.

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La presidenta de Perú Dina Boluarte será investigada por genocidio, dijo la Fiscalía Nacional. La decisión se debe a que las protestas en su contra ya dejaron 40 muertos en el último mes.

La investigación también se centrará en el primer ministro Alberto Otarola, así como en los ministros del Interior y de Defensa, dijo la fiscalía en Twitter.

La investigación es por presuntos delitos de “genocidio, homicidio agravado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

La noticia se produce cuando el Congreso de Perú aprobó un voto de confianza en el gobierno, apoyando al Primer Ministro y al Gabinete.

El martes también marcó el inicio de un período de luto de tres días en partes del sur de Perú, incluido Puno, luego de que 18 personas murieran el lunes en el día de protestas más letal desde que el derrocado presidente Pedro Castillo fue destituido por los legisladores después de que intentó ilegalmente disolver el Congreso.

La Defensoría del Pueblo de Perú instó a protestas pacíficas y a que los fiscales investiguen a fondo las muertes.

Primer ministro

El primer ministro Otarola compareció ante el Congreso el martes, pidiendo a los legisladores que aprueben un voto de confianza para el gabinete del presidente Boluarte, necesario para encabezar un nuevo gobierno. El debate sobre la medida continuó hasta el martes por la noche.

Otarola culpó a atacantes organizados financiados con dinero «oscuro» de los asesinados el lunes. Más allá de las muertes, otros 68 civiles y 75 policías resultaron heridos, según la Defensoría del Pueblo.

Duelo

Otarola anunció un toque de queda nocturno de tres días en Puno, con el objetivo de sofocar la violencia. Las imágenes mostraron el saqueo de los negocios de Puno el lunes por la noche, mientras que el aeropuerto de Juliaca permaneció cerrado el martes.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso, cambios a la constitución y la liberación de Castillo.

A Castillo se le ordenó permanecer en prisión preventiva mientras es investigado por fomentar la rebelión, cargo que él niega.

En Twitter, Castillo escribió que los asesinados por «defender al país de la dictadura golpista» nunca serán olvidados.

A finales de esta semana, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Perú para evaluar la situación. Mientras tanto, Naciones Unidas ha instado a respetar los derechos humanos y se ha ofrecido a mediar en la crisis.

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