Perú, tribunal falla por derechos indígenas en río Marañón

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Perú, tribunal falla por derechos indígenas en río Marañón. Tribunal en Perú otorga derechos a comunidades indígenas sobre río Marañón y «establece un marco legal innovador». El fallo.

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Por Julia Conley

Después de años de campaña, una organización de mujeres indígenas de la provincia de Loreto en Perú celebró «una decisión histórica» ​​de un tribunal de Nauta, que determinó que el río Marañón tiene un «valor intrínseco» y que sus «derechos inherentes» deben ser reconocidos por el Gobierno.

El Juzgado Mixto de Nauta resolvió que se deben codificar derechos específicos del río, entre ellos el derecho a existir, el derecho al caudal ecológico, el derecho a la restauración, el derecho a estar libre de contaminación, el derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema y el derecho de representación.

Liderada por mujeres Kukama, la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana en el distrito Parinari de Loreto inició en 2021 su lucha legal a favor del río Marañón, exigiendo a los gobiernos estatal y federal proteger la vía fluvial de “constantes derrames de petróleo”.

Indígenas Perú

El Oleoducto Norperuano de Petroperú causó más de 60 derrames de petróleo entre 1997 y 2019, y las 28 comunidades representadas por la federación aún se están recuperando de un derrame de petróleo de 2010 que envió 350 barriles de petróleo al río cerca del puerto de Saramuro.

Grupos indígenas bloquearon el río en protesta en septiembre de 2022 después de que otro derrame enviara 2.500 barriles de petróleo crudo al Amazonas, del cual el Marañón es su principal afluente.

Río Marañón

El Marañón suministra agua potable directamente a las comunidades de Loreto y es un hábitat vital para los peces que ayudan a sustentar a las comunidades indígenas.

«No vivimos de dinero. Vivimos de lo que cultivamos en nuestra tierra y de nuestra pesca. No podemos vivir sin pescado», afirmó Isabel Murayari, miembro de la junta directiva de la federación, cuando el grupo presentó su demanda en 2021.

Las mujeres Kukama también pretendieron detener proyectos de infraestructura, incluidas represas hidroeléctricas y la Hidrovía Amazónica, reconocidos como riesgos ambientales por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y advirtieron que la minería ilegal de oro ha dejado al Marañón con una contaminación de mercurio que debe ser remediada.

Martiza Quispe Mamani, abogada representante de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, dijo que el «fallo histórico es un logro importante de las mujeres Kukama».

Tribunal

“El hecho de que el juez del Tribunal de Nauta haya declarado al río Marañón como sujeto de derechos representa un hito significativo y trascendental para la protección no sólo del río Marañón sino de todos los ríos contaminados por actividades extractivas”, afirmó Mamani.

Además de otorgar al río derechos inherentes, el tribunal nombró al grupo indígena y al gobierno peruano como «guardianes, defensores y representantes del río Marañón y sus afluentes».

Se ordenó al gobierno regional de Loreto que tomara las medidas necesarias con la Autoridad Nacional del Agua para establecer una organización de cuenca de recursos hídricos para el río. El tribunal también exigió a Petroperú que presentara un plan de gestión ambiental actualizado en un plazo de seis meses.

Mariluz Canaquiri Murayari, presidenta de la federación, dijo que la lucha del grupo para proteger el medio ambiente en la región «continuará».

Monti Aguirre, director para América Latina de International Rivers, que apoyó a la federación en su demanda, dijo que el fallo «subraya el impacto vital de la defensa liderada por la comunidad en la salvaguardia de los ecosistemas fluviales y sienta un precedente crucial para los esfuerzos de conservación de los ríos a nivel mundial».

«Al reconocer al río Marañón como sujeto de derechos, esta decisión es significativa no sólo en términos de protección ambiental sino también en el avance de los derechos de la naturaleza y los derechos de los ríos», dijo Aguirre. «Establece un marco legal innovador que reconoce los derechos inherentes de las entidades naturales, allanando el camino para un reconocimiento legal y una protección similares de los ríos en todo el mundo».

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