Piñera acusado de «crímenes de lesa humanidad»

Piñera acusado de «crímenes de lesa humanidad». Organizaciones de derechos humanos presentaron escrito en Corte Penal Internacional acusando al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por crímenes de lesa humanidad.

Piñera crímenes de lesa humanidad

El ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión de Derechos Humanos de Chile (CHDH), la Asociación Estadounidense de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca e Elaborazione per la Democrazia (CRED), enviaron el escrito al fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, la semana pasada.

La siguiente etapa es que el fiscal Bensouda determine si el caso se encuentra dentro de la jurisdicción de la CPI, si existen fundamentos para sostener que hubo crímenes de lesa humanidad y la admisibilidad del recurso de apelación, proceso que, según los abogados involucrados, lleva años.

En su escrito de 141 páginas, los demandantes solicitan a la CPI que inicie una «investigación, presente una acusación y un juicio (contra) el Presidente de la República de Chile y otras autoridades civiles, políticas y policiales» por «generalizado y sistemático» atentados contra población civil, “ocurridos simultáneamente en todo el territorio nacional de la República de Chile, desde el 6 de octubre de 2019 y hasta la actualidad, los cuales consideramos como Crímenes de Lesa Humanidad”.

Los acusados ​​son el presidente Sebastián Piñera, junto con los ex y actuales ministros del Interior Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, el ex subsecretario de Gobernación, Rodrigo Ubilla, el actual subsecretario de Gobernación, Juan Francisco Galli, los exministros de Defensa, Alberto Espina, y Mario Desbordes, el exdirector general de Carabineros, la policía nacional militarizada de Chile, Mario Rozas y el actual director general, Ricardo Yáñez, así como el alcalde de la Región Metropolitana. , Felipe Guevara.

El documento explica que el gobierno de Piñera siguió desde un inicio una política de represión estatal “para enfrentar las demandas de los derechos de la población como si se tratara de una declaración de guerra interna, suspendiendo las garantías constitucionales y desplegando el ejército en las calles, preparando así el terreno para la comisión de los peores crímenes de Estado”.

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