OCO es una ONG de Suiza fundada en 2001 cuyos objetivos fueron proporcionar comprensión sobre conductas criminales estructuradas, patrones y hechos, educar a especialistas y público en general. La organización cree que la delincuencia estructurada es un peligro para la seguridad de la democracia, la privacidad y la libertad en todo el mundo y debe abordarse como un problema mundial a través de redes e intercambios mundiales. Fue creada por Nicolas Giannakopoulos. Y esta historia da cuenta cómo los que juzgan y estudian a la corrupción son más corruptos que sus denunciados. La máscara de la “transparencia” y el “rigor” de OCO también tiene vínculos con Argentina.
Nicolas Giannakopoulos se ha pavoneado por todo el mundo y por los medios de comunicación reflejando una personalidad preocupada por hechos de corrupción. Pretendía erigirse en fiscal de gobiernos, empresas e individuos. Y hasta consiguió cierta atención de la opinión pública, respaldado en estudios e información que nunca queda en claro si es fruto del trabajo riguroso o de la conveniencia del “administrador” de toda esa información. Ahora puede saberse que Nicolas Giannakopoulos realmente era un cínico y un corrupto lucrando con el negocio de la anticorrupción.
El 10 de marzo de 2017 fue un día inolvidable para Giannakopoulos, al confirmarse la suspensión impuesta por la Universidad de Ginebra tras las revelaciones surgidas en la prensa acerca del financiamiento de sus actividades en favor del gobierno de Malasia para espiar a sus oponentes. “Giannakopoulos ha sido vinculado a una extensa red de agentes pagados por la oficina privada del líder Najib Razak para retroalimentar información sobre personas que han criticado el escándalo de corrupción 1MDB o son simplemente opositores políticos o voces de movimientos de la sociedad civil”.
El diario The Wall Street Journal resumió el hecho de corrupción más escandaloso de la última década en Malasia de la siguiente forma: “Los investigadores globales creen que más de mil millones de dólares ingresaron a las cuentas bancarias personales del primer ministro Najib Razak, tomados en gran parte del fondo de inversión estatal 1MDB. El escándalo ha provocado una crisis política y amenaza con anular años de gobierno de partido único en el país”.
Con la fachada de realizar un programa universitario bajo la órbita de su desaparecido Instituto de Estudios Globales, Giannakopoulos se financió con estos fondos. Y este detalle fue lo que desencadenó no sólo su salida rápida de la Universidad de Ginebra, sino su rol de doble agente. “Giannakopuolos luego gastó muchos miles de dólares adicionales volando alrededor del mundo para involucrarse más y hablar con los líderes de la oposición”. ¿Para qué? Para informar al gobierno cuestionado sobre los movimientos de sus denunciantes.
Giannakopoulos, que además dirige dos agencias privadas de investigación junto con su supuesto papel académico en la universidad, siempre dijo que a sus actividades las financiaba con su «bolsillo», como parte de su «deber como ciudadano». Luego dijo que estaba siendo apoyado por «instituciones suizas» que actúan a través de la Universidad. Luego se comprobó que todo era mentira.
El diario suizo Le Temps ha informado que se lo está investigando y el foco de esa investigación es el origen de los fondos que invirtió en un seminario sobre Malasia 1MDB, considerado el mayor escándalo financiero del país asiático. Pero puesto bajo la lupa, Giannakopoulos se ha mostrado en su verdadera dimensión: como el jefe de una organización delictiva actuando con una fachada para disimular su verdadero “trabajo”.
La misma prestigiosa publicación lo ha llamado “camaleón de la inteligencia económica”. Y ha sido el trabajo de la periodista inglesa, Clare Rewcastle-Brown, la que detonó el escándalo. Ella sugiere que el ciudadano de 47 años, con residencia en Ginebra, trabajaba para el gobierno de Kuala Lumpur y habría organizado el evento en la universidad para reunir información sobre la oposición de Malasia y la investigación internacional. Su sospecha ha sido confirmada: Giannakopoulos “orquestó una operación negra”.
Revisando su fraudulento historial anticorrupción en 2015 ya había sido participe de una relación dudosa, de lobby a favor del gobierno de Kazajistán para obtener la extradición de Francia del oligarca Mukhtar Ablyazov. Los documentos confidenciales mostraron que FTI, una empresa de relaciones públicas con sede en Londres que prestaba servicios al gobierno de Kazajistán, activó la organización OCO para producir un informe «independiente», pero crítico, sobre Ablyazov. Nicolas Giannakopoulos alegó, por entonces, que la OCO había rechazado el dinero de FTI pero admitió haber aceptado dinero de compañías cercanas al gobierno kazajo a través de una de sus compañías, Inside.co.
Giannakopoulos es propietario de varias empresas más allá de los límites que supone ser
autodenominado fiscal anticorrupción. Se ha mencionado a Inside.co, especializada en análisis e investigación criminal. Pero se debe agregar en la lista a Global Risk Profile, agencia de seguridad, CH-Communication SA, prensa y comunicación, y High-Tech Bridge, especialista en «piratería ética» y seguridad informática, de la que es director. «Mi parte privada permanece en un lado, mi parte pública está en el otro», dice. Nunca mezclé los dos. Por otro lado, mi ingreso privado se usa para financiar mi compromiso público, lo que me da independencia y libertad que a veces molesta».
Otro aspecto no demasiado conocido en la vida de este cuestionado luchador de causas nobles es su relación con lo que se conoce como Big Data. Las últimas investigaciones han dado cuenta que Giannakopoulos también es responsable de la sucursal suiza de la empresa inglesa Strategic Communication Laboratories (SCL), que investiga comportamientos y comunicaciones estratégicas, almacenando y utilizando montañas de datos para perfilar a los usuarios de Internet e influir en su toma de decisiones. Ya en 2000, The Wall Street Journal informó que SCL había sido contratado para mejorar la imagen del presidente indonesio Abdurrahman Wahid, lo que generó controversia sobre sus actividades.
En EE. UU, SCL se llama Cambridge Analytica. Frecuentemente presentada como la «máquina que hizo triunfar a Donald Trump», la compañía se jacta en su sitio web de haber recolectado «hasta 5000 puntos de datos de más de 220 millones de estadounidenses».
Muy cercano al presidente electo, Cambridge Analytica está financiado principalmente por el multimillonario conservador Robert Mercer y ha contado entre sus directores a Stephen Bannon, fundador de Breitbar News y un asesor muy radical de Donald Trump.
Finalmente el personaje descubierto posee vínculos con Argentina, muy especialmente con el periodista argentino Juan Gasparini (o Juan Gaspari, según su identidad verdadera).
Estos lazos tienen una larga relación, ya que el periodista también con residencia en Suiza, trabaja para la organización OCO desde 1999. El punto de máximo respaldo de Giannakopoulos al trabajo “fiscalizador” del argentino se cristalizó en 2013, cuando ambos informaron que “más de 5 mil millones de dólares, dinero supuestamente pertenecientes a Kirchner, podrían haber sido lavados en bancos suizos al menos desde 2005. Fue reconstruido el esquema completo y expuesto en el libro «Las bóvedas suizas del kirchnerismo».
.
En aquel tiempo, el presidente de OCO, Nicolas Giannakopoulos, dio la bienvenida al libro como un importante paso adelante en la lucha contra la corrupción política y el lavado de dinero: «Juan Gasparini se ha dedicado a descubrir la verdad sobre la corrupción en Argentina, revelando los detalles de uno de los casos más grandes de corrupción política y lavado de dinero internacional jamás visto en el mundo”.
Sus elogios prosiguieron, afirmando que “este libro tiene lecciones vitales para los medios internacionales sobre cómo descubrir crimen oculto y para las agencias internacionales de investigación y enjuiciamiento sobre cómo los delincuentes trabajan para evadir el descubrimiento. Que Juan haya logrado esto frente a un enorme riesgo personal es testimonio de su determinación de que el alto cargo no debería ser una defensa contra la investigación y que el crimen debe ser castigado sin importar de la importancia y la riqueza del perpetrador».
Con amigos así, Gasparini ni precisa de enemigos para refutar sus estudios y ni siquiera para preguntarse quién será el que financia las investigaciones del que ahora reniega haber sido tesorero de la organización Montoneros en los años más violentos de Argentina.